Venezuela vuelve a emprender persecución contra los mineros cripto

El gobierno de Venezuela ha lanzado una nueva ola de represión contra los mineros de criptomonedas, lo que para muchos supone un déjà vu, pues previo al 30 de enero de 2019, cuando se emitió en Gaceta Oficial un decreto para regular el sector cripto, era de lo más habitual leer noticias sobre allanamientos de granjas cripto en el país. Parece que vuelve una etapa que varios entusiastas de la minería ya creían superada.

La información salió a la luz gracias a un post en Instagram del Ministerio de Energía Eléctrica (Mppee), en el que se explica que, a través de la empresa que gestiona la energía en Venezuela (Corpoelec), han dado despliegue a un plan para desconectar todas las granjas de minería cripto en el país. Según el organismo público, el objetivo de la medida es “garantizar un servicio eficiente y confiable a todo el pueblo venezolano”.

El Mppee hace alusión al elevado consumo energético que demandan las instalaciones de minería cripto. El detalle está en que sistema eléctrico de Venezuela es de los más deteriorados en el continente –especialmente fuera de Caracas-, y desde hace varios años los ciudadanos padecen de cortes abruptos y constantes períodos de racionamiento. El problema tocó fondo en 2019, cuando se produjo un apagón que durante varios días afectó a casi todo el país.

No es que desde entonces la situación haya dado un giro de 180 grados, pues muchas comunidades rurales y ciudades que están alejadas de la capital siguen padeciendo problemas eléctricos graves, pero al menos no se tiene registro de un episodio tan dramático como el de 2019 –tengamos en cuenta que pasar varios días sin electricidad es sinónimo de muertes, ya que hay gente internada en centros de salud-. Curiosamente, el gobierno del país lleva años evadiendo toda responsabilidad y culpando a terceros… Esta vez, los responsables del problema energético parecen ser los usuarios que se dedican a minar criptos.

Es así como Venezuela se une a la lista de naciones que imponen restricciones severas o prohíben totalmente el minado de criptoactivos. Entre estos países figuran Kazajistán, territorio que en 2023 promulgó una ley para limitar la energía empleada por los mineros; Kuwait, país cuyos líderes, utilizando el argumento de luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pusieron en marcha una prohibición total; China, que en 2021 declaró ilegal toda actividad relacionada con el sector, y Noruega, que ahora mismo no tiene una legislación vigente sobre el tema, pero vale la pena destacar que su Ministro de Energía, Terje Aasland, ya adelantó que están buscando evitar que el país se convierta en un paraíso para los simpatizantes de la actividad en cuestión.  

Sin rumbo claro…

Los criptomineros venezolanos están en una especie de limbo; es decir, las regulaciones promulgadas en 2019 siguen vigentes, pero si han comenzado a desmantelar instalaciones y el único aviso es un post en redes sociales, pues muchos usuarios optarán por la clandestinidad. Todavía no hay un comunicado oficial por parte del gobierno ni de SUNACRIP, ente supervisor que en 2020 firmó un convenio con Corpoelec para establecer más normas y cobrar tarifas justas a los criptomineros.

Aunque se suponía que la minería cripto ya estaba legalizada en Venezuela, conviene recordar un episodio que se dio en 2023, cuando salió a la luz que SUNACRIP estaba involucrada en una trama de corrupción. El organismo fue tomado por una junta y sus actividades quedaron prácticamente suspendidas, y luego trascendió que la entidad estaba en un proceso de reestructuración que duraría unos 6 meses prorrogables. Esto afectó a las instalaciones de minería que habían obtenido una licencia de SUNACRIP, ya que se vieron obligadas a apagar sus equipos a la espera de un proceso para renovar documentación… Este proceso nunca llegó.

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